ESTADO DE ALARMA. LA ADMINISTRACIÓN NO CONTESTA

HAY QUE CONFIAR EN LA ADMIISTRACIÓN Y SU VOCACIÓN DE SERVICIO.

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO ES POSITIVO.

La administración está desbordada. La avalancha de solicitudes de ERTE es tal que la administración no contesta. Se ha generado cierto estado anímico de alarmismo, humanamente comprensible, añadido al estado legal de alarma.

¿Cómo se gestiona esta situación? ¿Qué puede hacerse? ¿Cuál es el escenario legal creado por la previsible falta de respuesta administrativa en el plazo legalmente establecido?

En ciertas situaciones se puede llegar a ocasionar colapso administrativo. Lo estamos comprobando en el ámbito sanitario. Hay que confiar en la administración. Nadie reprocha a los sanitarios la situación de desbordamiento.

En general, salvo excepciones, la administración está integrada por personas íntegras y responsables, sensibilizadas con la situación existente, que están poniendo todo lo que está de su parte para atender a la ciudadanía. Si no hay respuesta es por imposibilidad material de trasladarla. La administración ha quedado sobrepasada. Este escenario, en la coyuntura actual, es comprensible. Hay que confiar en la administración y en su vocación de servicio, en general. La situación es excepcional.

También debemos confiar en nuestro sistema normativo. España es un Estado de Derecho consolidado, garante de los derechos y libertades.

La respuesta jurídica la encontramos en el art. 24 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, BOE núm. 236 de 02/10/2015.

Por razón de lo dispuesto en dicha norma, a la que llegamos vía Disposición Adicional Primera párrafo segundo del Real Decreto Ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19, las empresas y la ciudadanía no quedamos desprotegidos ante esta situación excepcional que previsiblemente ocasionará la falta de respuesta, en el plazo legalmente establecido, a gran número de ERTE´s.

PROTECCION A LA CIUDADANÍA.

¿Cómo se articula dicha protección jurídica? Dicho de forma muy sencilla la protección es triple:

  • El silencio administrativo es positivo. Si la administración no contesta en el plazo legalmente establecido, 5 días (más 5 adicionales si la autoridad laboral solicita informe a la Inspección de Trabajo), nuestra petición se considera estimada, la respuesta es favorable por ley.
  • La posterior respuesta expresa, resolución administrativa, si se produce, una vez acontecido el silencio administrativo positivo, sólo puede ser confirmatorio de este último. No cabe desestimación o rechazo.
  • El silencio administrativo positivo puede acreditarse por el/la interesado/a por cualquier medio válido en derecho. La administración, además, tiene la obligación de expedir de oficio certificado administrativo acreditativo del silencio administrativo positivo en el plazo de quince días desde la expiración del plazo para resolver. El/la interesado/a también puede solicitar en cualquier momento, y la administración deberá hacerlo, la expedición de dicho certificado acreditativo.

Una vez más, lancemos un mensaje de confianza, en la sociedad, en la administración y en nuestro ordenamiento jurídico.

Francisco Javier Lacunza

Abogado

Departamento Laboral www.creatalent.eu

https://www.linkedin.com/in/francisco-javier-lacunza-hern%C3%A1ndez-62531695/

Compartir:

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.